CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados federales de Morena y sus aliados aprobaron en comisiones una reforma para desaparecer siete organismos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen en lo general con 22 votos a favor y 17 en contra, en una discusión que se extendió por más de tres horas en la Cámara de Diputados.
El dictamen aprobado propone la desaparición del INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Las funciones de estos organismos autónomos serían asumidas por dependencias del gobierno, de acuerdo con la iniciativa que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que recibió el apoyo total de Morena.
Las funciones de Mejoredu, un organismo con autonomía operativa y presupuestaria, encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pasarían a la Secretaría de Educación Pública.
Los trabajos que hace el INAI, un organismo que garantiza el acceso a la información y protección de datos personales, los realizaría la Secretaría de la Función Pública (SFP) en caso del gobierno federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a las contralorías del Congreso de la Unión, y a los órganos de control de los órganos autónomos que quedan. Este modelo se replicaría en los gobiernos estatales.
Las funciones del Coneval, una dependencia que hace estudios del desarrollo de la pobreza en México, ahora las realizaría el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de competencia económica, las funciones de la CRE y la CNH, quienes regulan y fomentan la competencia en los mercados de energía e hidrocarburos, se trasladarían a la Secretaría de Energía.
Mientras que las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que promueve la competencia entre las empresas para que haya mejores servicios y precios, pasarían a formar parte de la Secretaría de Economía.
Las funciones del IFT, encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones, serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
El dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales todavía tendrá que ser discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados a partir del mes de septiembre.
Desaparición de siete organismos autónomos
Durante el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales, los legisladores de Morena defendieron que la desaparición de siete organismos autónomos servirá para ahorrar recursos económicos para destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, además de evitar la duplicidad de funciones que pueden hacer instituciones del gobierno.
Por su parte, los diputados de oposición señalaron que México tuvo un “viernes negro” por la aprobación de este dictamen, pues el gobierno federal concentrará las funciones de los organismos autónomos y se quedará sin contrapesos.
“No es un tema de ahorro, es un tema de control político, en contra de las luchas democráticas de este país”, cuestionó Braulio López Ochoa, el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC).
Los legisladores de oposición explicaron algunas de las acciones de los organismos autónomos, por ejemplo, señalaron que el IFT ayuda a que mejoren los servicios de telefonía; la Cofece impide que empresas transnacionales tengan monopolios; el Coneval sirve para medir la pobreza en el país; el INAI facilita los hallazgos de casos de corrupción en diferentes gobiernos, y la Mejoredu ayudó a monitorear el sistema educativo.
Laura Haro, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puso en duda el argumento de ahorro de Morena, pues señaló que otras instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) han provocado pérdidas millonarias mucho mayores que los recursos que reciben los órganos autónomos.
“O vamos a hablar realmente de austeridad, o solo están generando una cortina de humo para provocar nuevamente la monopolización que estos organismos constitucionalmente autónomos han sido los responsables de vigilar y por supuesto de regular”, expresó Haro.
Junto a ella, Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, también acusó que Morena quiere establecer un “supremo poder conservador” en México, al eliminar a los organismos autónomos que sirven como reguladores de empresas privadas, como contrapeso de las decisiones del gobierno y como instituciones que hacen estudios independientes de las condiciones sociales del país.
Por su parte, integrantes de Morena defendieron la reforma. Los legisladores señalaron que, entre 2018 y 2024, estos organismos autónomos recibieron 32 mil millones de pesos, una cantidad que es equivalente a entregar 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.
“El objetivo es transferir las facultades y obligaciones de diversos organismos constitucionales a dependencia del gobierno federal, con el principal objetivo de evitar gastos innecesarios, lujos, pero sobre todo duplicidad de funciones. Evitar el despilfarro de recursos de la nación”, expresó la diputada morenista Lidia García Anaya.
En sus intervenciones, los legisladores de Morena acusaron que la creación de organismos autónomos terminó por favorecer a empresas privadas y no al pueblo de México, además de que sus estructuras son burocráticas e implican el gasto de miles de millones de pesos.
El diputado Óscar Cantón Zetina defendió que con esta reforma “no se quebrantan instituciones, se fortalecen, no hay desaparición de órganos autónomos en el sentido de que sus facultades las van a hacer instituciones del gobierno”.
Tras la aprobación del dictamen de reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, algunos de los organismos autónomos que estarían en riesgo de desaparecer hicieron pública su postura.
El INAI publicó en sus redes sociales su preocupación e hizo un llamado a “los legisladores y a la sociedad a dialogar esta propuesta que afectaría la calidad de la vida pública y la confianza ciudadana en las instituciones”.
También calificaron la iniciativa como un retroceso “que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país. El INAI no es solo un organismo; es una piedra angular en la construcción de una democracia sólida y transparente”.
Y aseguraron estar en disposición de entablar un diálogo constructivo.
Por su parte, la Cofece refrendó su disposición a un diálogo más amplio con todos los grupos parlamentarios que integrarán la próxima legislatura “a fin de abonar a la discusión sobre la importancia de preservar y fortalecer la política de competencia económica en beneficio de los consumidores mexicanos, contemplando un arreglo institucional fuerte para preservar sus principios”.
En un comunicado, destacaron que desde su creación, la Cofece ha logrado que la política de competencia económica registre efectos y beneficios históricos en el bienestar de hogares y organizaciones generadoras de empleo, mediante la imposición de multas históricas por más de 13 mil millones de pesos a grandes empresas que abusaron de su poder en perjuicio de las y los mexicanos. Además, ha generado ahorros de al menos 36 billones de pesos para los consumidores en productos de necesidad básica
“La Cofece confía en que los legisladores de la próxima legislatura valorarán los elementos que se pongan a su consideración para adoptar el mejor modelo para las y los mexicanos. Es indispensable diseñar una reforma que asegure el fomento a la libre competencia y que beneficie a los consumidores, proteja a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulse el desarrollo regional y atraiga la inversión”.
Mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) manifestó su respeto a la división de poderes y al proceso legislativo; sin embargo, mencionó que el dictamen aprobado “plantea modificaciones constitucionales que implican el resurgimiento de un modelo institucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que demostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, así como para incrementar la competencia en los mercados, lo que conllevaría un grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias en nuestro país”.
Explicaron en un pronunciamiento que el organismo fue creado para agilizar procesos, crear confianza y garantizar certidumbre en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión y su autonomía le ha permitido aplicar un marco regulatorio sólido, transparente, moderno y con procedimientos que se resuelven sobre criterios técnicos, jurídicos e imparciales.
Incluso destacaron que hoy la población de nuestro país paga 32.1% menos de lo que pagaba hace once años por los servicios de comunicaciones, a pesar de que la inflación se ha incrementado en este periodo.
Al igual que los otros organismos, el IFT refrendó su compromiso para “generar espacios de diálogo efectivo y análisis para que el país cuente con el diseño institucional que mejor favorezca el desarrollo, la competencia, la inclusión y la pluralidad, para que más mexicanos tengan acceso de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de calidad y a precios accesibles”.